Lenin Paladines Salvador
El poder político, económico, de representación popular y el de comunicación, son actores directos de la convivencia ciudadana; los tres primeros, como entes reguladores de una sociedad que avanza o que sucumbe por la gestión que desarrollan estos actores políticos; y, el poder comunicacional, como vínculo entre el ciudadano y sus mandantes. Estos no pueden estar sujetos a una mordaza judicial o criminalizados por el poder económico.
Por lo tanto, la mordaza comunicacional no nace de un acto idóneo de la legislatura o de la aplicación de la Ley, sino del abuso de la prepotencia que está en función de la cantidad de poder que un determinado actor político haya acumulado a lo largo del tiempo… para imponer su omnímoda voluntad.
Quienes malgastan el poder para favorecerse a sí mismos o a los grupos que los financian, lo hacen también para proteger su imagen y sus intereses, amordazando los procesos comunicacionales idóneos, vulnerando con ello la libertad de información a la que tenemos derecho todos los ecuatorianos por mandato constitucional.
Los procesos judiciales que se tramitan en las cortes del país -diría Pancho Pueblo con propiedad semántica: procesos judiciales de la autocracia- atenta no solo a la libertad de información, sino a la pluralidad de pensamiento y a la materialización de la actitud responsable del elector, pues al carecer de información, su voto se convierte en un simple requisito burocrático y terminará entregando su mandato a cualquier personaje que figure en la sábana electoral.
Con esta judicialización de la comunicación pretenden obnubilar al pueblo, victimizarse ante el poder de la palabra y buscar un nuevo cargo político para mantener su cacicazgo y las prebendas que solo las pueden obtener a través de las mieles del poder; para que esto no se materialice les deseamos: …buen viento …y buena mar. (O)