MESIAS MESTANZA SOLANO
Sin duda alguna que el caso soborno, arroz verde o como lo hayan bautizado es uno de los más importantes de todos los tiempos en nuestro país, dado que por fin le atinaron en el nombramiento de Fiscal General a una mujer que siempre ha actuado sin temor ni favor a nadie, capaz de que su investigación llegue a la cúpula del gobierno, ministros y altos funcionarios que sin medir consecuencias adecuaron su conducta a muchas infracciones, que de paso no pensaron nunca se puedan descubrir, porque creyeron a la par que aquel sistema corrupto iba a durar tiempos inmemoriales.
Lo que sucede es que cuando se investiga con aplicación a las técnicas actuales, se descubren muchos otros delitos que bien pueden ser iniciados luego del juicio principal; pudiéndose aplicar la acumulación de penas, por tratarse de delitos autónomos e independientes que permiten sumar las penas hasta un máximo del doble de la pena más grave, sin que exceda de cuarenta años, toda vez que en las investigaciones ya existen elementos de convicción que servirán para el inicio de otros expedientes que fluirán con agilidad, porque ya se sabe dónde están¸ es decir, lo que falta es armar el expediente.
Las cosas se vuelven difíciles para sus autores y cómplices que ya están presos, porque cuando hay otros procesos que vienen atrás no les permiten ningún beneficio legal por efecto de la reincidencia. Claro está que los procesados cuya resultante sea la culpabilidad recibirán penas que servirán de escarmiento para ellos y de ejemplo para los particulares en general…pero eso poco importa al país, sino el derecho a la reparación integral, puesto que nuestra economía anda mal debido al latrocinio causado en millones de dólares, lo que se hace imperioso la aplicación de la justicia restaurativa en estos delitos contra la eficiencia del Estado, capaz de obligarles a la devolución del dinero mal habido. Pues tal como estamos, tendremos que seguir pagando el consumo de los presos, y cuando salgan no devolverán nada porque los bienes estarán en manos de los testaferros y lo peor en paraísos fiscales que no dan acceso a la información.