JORGE ZAMBRANO ANDRADE
Pronto se abrirá el periodo oficial de la contienda electoral. En él habrá que estar atentos a las definiciones que sobre la democratización y modernización del sistema de gobierno hagan los candidatos presidenciales. La plataforma de los partidos y la conformidad de los abanderados electorales, crucial para el futuro del país, pues en ellos está la clave para evitar una regresión política agarrada de la solicitud a las virtudes de un sistema corrupto e inoperante, la menor de las consecuencias será la perpetuación de la mediocridad constante.
Las tendencias de la democracia han terminado por prevalecer en la conciencia de los actores políticos. No era así antes de que pudieran alcanzar cargos de representación popular apoyados en la movilización de la democracia que condujo a garantizar el sufragio obligatorio. Democracia era contraste de plutocracia y la partidocracia no era parte del espacio. El oportunismo, aunado a la ignorancia y la ineptitud (y, en no pocas ocasiones, a la mala fe), se ha apoderado de la política.
Cómo se retoma la senda del cambio, en especial cuando de lo que se trata es de concluir una tarea inacabada: dar coherencia democrática a un sistema de gobierno construido para el ejercicio impune de la arbitrariedad. Está por verse cuál es la plataforma electoral de cada partido; cuáles son las convicciones de fondo de cada candidato; qué distancia se abrirá entre las ofertas viables y la mercantilización y, finalmente, qué decisiones toma el electorado en la conformación de los poderes Ejecutivo y Legislativo. No obstante, si la presión por el cambio institucional no aumenta sobre los actores políticos puede preverse la continuidad que no se atreverá a dar el salto para completar el ciclo histórico del cambio democrático.
Hasta hoy han fallado los intentos por llevar a cabo la renovación profunda de las instituciones que se requieren para que los órganos principales del Estado sean, además de representativos, eficientes para los propósitos que fueron creados. El ejemplo más conocido es el de las reformas estructurales que la administración presentó al Congreso. Pero igualmente preocupantes son los estancamientos de la reforma al sistema de justicia las reformas electorales y legislativas.