El diccionario de la Real Academia Española ha definido a la corrupción, como la práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de las organizaciones, especialmente las públicas, en provecho económico o de otra índole, de sus gestores. Más claro, diremos que es la acción de corromper y corromperse.
Los medios de comunicación social en estos momentos de muerte, hambre y dolor por efecto de la pandemia nos dan cuenta de allanamientos a hospitales públicos del Ministerio de Salud, IESS, oficinas del Servicio de Gestión de Riesgos y viviendas particulares por compras con sobreprecios que llegan hasta el 501% en insumos y equipos médicos, así como en kits alimenticios para grupos vulnerables, cuyos protagonistas son funcionarios públicos, los mismos que sin piedad alguna se han llevado el dinero del Estado, adecuando sus conductas a delitos de peculado, asociación ilícita, tráfico de influencias y otros; todo ello, mientras la gente humilde no tiene qué comer ni cómo curarse, y los que mueren, son tristemente llevados a la tumba en cartones.
Considero que más grave que la pandemia es la corrupción, y más que ésta es la impunidad, puesto que no tenemos los instrumentos legales para la investigación, ni sabemos siquiera cómo seguir la ruta del dinero, porque el castigo para los corruptos no es suficiente, sino la recuperación de lo robado. Mucha culpa han tenido nuestros gobernantes al sostener que no son actos de corrupción los cometidos por sus funcionarios, sino persecución política, errores de buena fe y hasta acuerdos entre privados. Cuando el gobernante solapa a sus funcionarios públicos, éstos estarán garantizados en sus cargos y si sus inmoralidades son descubiertas, son premiados con embajadas y consulados, facilitando su salida al exterior para ponerlos a buen recaudo y evitar la mano de la justicia ecuatoriana, ya que la extradición es un recurso para los de poncho, los pobres y los de escasa influencia; los pocos procesados y encarcelados son producto de investigaciones que se originaron en otros países, y que por la colaboración internacional fueron encausados con nuestras autoridades judiciales, quienes gracias a aquellas actuaciones, llegaron a condenarlos. Pregunto, ¿por qué nuestro Señor Presidente no despide a estos malos funcionarios?