Pandemia delincuencial

Es la que hemos tenido en el país desde hace más de once años, a tal punto que creímos que se había institucionalizado la corrupción. Fue un hecho, que los procesos dormían en juzgados y cortes y que la justicia se identificaba con la mentira. Se habló de un ordenamiento jurídico impuesto y las voces cotidianas se referían a órdenes que venían de lo más alto.

Se ha manifestado que la justicia estuvo influenciada por la política, por el billete, por órdenes narco-delictivas y hasta de la esfera más alta del gobierno. Las denuncias, lamentos, iras incontenibles, reclamos, quejas judiciales, fueron una constante, que se desvanecieron en la atmosfera. Todos vieron la cruel realidad en una serie de actos delictivos, lesivos a los intereses del país, que sumieron al pueblo ecuatoriano en la desesperanza, porque los procesos judiciales siguieron una norma equívoca, por el camino del letargo y a pesar de muchas denuncias e investigaciones difundidas por los medios de comunicación, sobre presuntos delitos de funcionarios públicos, los procesos avanzaron a paso de tortuga, lo que indujo a la creación de una conciencia popular señalando que la justicia estaba sometida a intereses particulares.

Creo, que vientos renovadores de justicia han empezado a despejar la niebla al encontrar violadores de las leyes y sentenciarlos en primera instancia a más de la reparación económica al estado. Es saludable que las redes de la justicia hayan atrapado peces gordos, junto al director de la orquesta sinfónica de la corrupción que con audacia llena de cinismo, todavía continua tirando “patadas de ahogado” tratando de santificar su demoniaca ‘robolución’ dictatorial siglo XXI.

Con mi espíritu de libre pensador apegado a la verdad, sin halagos, ni lisonjas, me place resaltar las actuaciones de Diana Salazar Fiscal General de la Nación, Iñigo Salvador Procurador General de la Nación, Pablo Ceci Contralor General de la Nación, y los jueces actuantes.

Carlos Concha Jijón

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