En materia legal la pena es la restricción a la libertad y a los derechos de las personas como consecuencia jurídica de una acción u omisión punible; es decir, es la resultante de un proceso penal que termina con una sentencia condenatoria, cuya finalidad es la prevención, rehabilitación y reparación de los derechos de las víctimas.
La imposición de una pena tiene por objeto primordial la reeducación e inserción social del delincuente al seno de la sociedad, de tal forma que no vuelva a adecuar su conducta a tipos delictivos, pero en nuestro país este concepto es de dudar, porque hemos de aceptar que no tenemos un sistema de rehabilitación; por el contrario, quien cumple una pena carcelaria menor no puede estar mezclado con gente peligrosa, porque aprenderá nuevas formas de delinquir, ya que nuestras cárceles son escuelas de perfeccionamiento del delito; de ahí es que si se impone una pena, ésta debe ser adecuada y proporcionada a la necesidad de proteger los bienes jurídicamente tutelados.
Hemos de entender que no es lo mismo condenar a un avezado delincuente que vive del delito, quien sí merece pena drástica carcelaria, no así a personas que por necesidad u omisión cometen una infracción, como cuando lo hace un campesino que a lo mejor no entiende el alcance de un tipo penal, ya sea por falta de educación o por su rusticidad; para estos últimos no debe haber cárcel sino trabajo comunitario.
Parece contradictorio, pero es necesario saber que si el encarcelamiento provoca deterioro a la integridad física, sicológica o moral de los reos, esto constituye crueldad; máxime que la prisión no es sinónimo de venganza sino de reeducación y rehabilitación; de ahí que nuestros jueces al momento de imponer una pena o una medida cautelar diferente a la prisión, harán un análisis técnico de las circunstancias, peligrosidad y personalidad de los justiciables. Claro está que para los reos que han despilfarrado el dinero del Estado destinado a los efectos de la pandemia, se hace indispensable una pena mayor llamada cadena perpetua, que todavía sería benigna si recordamos a Bolívar, quien en casos de peculado castigaba con fusilamiento. Habrá que reformar la ley penal.