La situación del país es al momento una de las más preocupantes de la historia. La salud humana es calamitosa, en mayor grado que en el resto del mundo, donde la pandemia de coronavirus ha enfermado a amplios sectores de la población y amenaza con proseguir en su tarea asesina; más en el Ecuador esto es menos oneroso que el comportamiento moral de la mayor parte de su dirigencia, la cual no observa los principios fundamentales de la ética social.
No hay sector público que no haya sido vinculado con la ilegal apropiación de los bienes del Estado; ministros, legisladores, alcaldes, prefectos, exfuncionarios, incluyendo exjefes del gobierno, se han convertido en delincuentes, sin rubor alguno, dejando el asombro, para posteriores acciones vergonzosas. Se ha lIegado a un estado de desvergüenza sin límites, que hace pensar en el arribo a metas de mayor nivel negativo que el que ahora se vive. ¿Qué espera la sociedad de esta baja manifestación de conducta? Casi nada; pues no se ha manifestado nadie con pagar con su vida ciertos deslices, como antes aconteció en Brasil con Getulio Vargas o hace poco en Perú con Alan García.
Acá posiblemente la aspiración de los rateros es esperar que en la próxima campaña electoral los postulen para mas altas funciones, como premio a su “cara de tuco” y que les sigan poniendo en sus cuentas bancarias mas dinero del pueblo con menos esfuerzo.
Por otra parte, la gente decente que, suponemos, aún queda en esta país bregue por lIegar a la Asamblea y proponga las leyes anticorrupción que considere necesarias para castigar severamente a los aprovechadores de los fondos públicos, les obligue a devolverlos con los intereses correspondientes y que las condenas por robo al Estado sean más largas que para otros delitos.
Si los delincuentes de corbata prosiguen recibiendo las canonjías que ahora se otorgan, habría que pensar en el castigo ejemplar para quienes aplauden a los corruptos, pues la complicidad de ellos es la que promueve el crecimiento de los robos del dinero del pueblo que hace pensar en que tales mañoserías es un premio a una acción relevante que no puede dejarse pasar sin entregarle al autor un significativa recompensa.
Proponemos entonces que se elaboren leyes serias y de castigo severo para los ladrones de los bienes populares y no se desmaye hasta obtener la prisión -ojalá fuera perpetua- de los culpables, incluyendo la total devolución de lo sustraído. No actuar de esta manera, será como aplaudir las acciones delincuenciales de quienes mañana harán alarde de sus vergonzosas artimañas.
Edgar Quinones Sevilla