Por mandato constitucional, la Fiscalía General del Estado dirigirá de oficio o a petición de parte la investigación pre procesal y procesal penal, cuya acción pública la ejercerá con sujeción a los principios de oportunidad y mínima intervención penal, con especial atención al interés público y a los derechos de las víctimas; siendo la protagonista en un proceso penal, donde el juzgador se ubica en un sitial de mucha importancia por ser el garantista.
Claro está que tanto fiscal como juez tienen que sujetarse estrictamente a la ley, a la Constitución y a los Pactos y Convenios Internacionales; siendo prohibido hacer una interpretación extensiva de la letra de la ley; pues deben respetar el sentido literal de la norma, sin que se pueda utilizar la analogía para crear infracciones penales, ampliar los límites de los presupuestos legales que permitan la aplicación de una sanción o medida cautelar o para establecer excepciones o restricciones de derechos.
Es así que el correcto procedimiento para llegar a una sentencia lo construye fiscalía, al punto de que si no hay acusación fiscal, no hay juicio; circunstancia por la cual, el fiscal debe estar rodeado de absoluta seriedad, probidad, rectitud y conocimientos, a efecto de que no queden en la impunidad los delitos, dado que el juzgador por sí solo, nada podrá hacer si el fiscal no acusa a los procesados; toda vez que nos encontramos bajo un sistema estrictamente acusatorio; siendo obligación de fiscalía llevar ante el juzgador los elementos de convicción, que se convertirán en pruebas en el tribunal, donde serán valoradas por los jueces, ya sea para absolver o condenar a los procesados; de ahí la importancia de una investigación seria y real.
El momento en que fiscalía por desidia, omisión o cualquier otra circunstancia desatienda su capacidad operativa en la investigación, todo quedará en la impunidad. Sería indispensable un nuevo concurso de fiscales, para ver la posibilidad de encontrar unas diez Dianas Salazar, para ubicarles en las provincias más conflictivas, para no decir en las más corruptas, a pesar de que la corrupción está en todo el Ecuador. Cabe expresar que las leyes han quedado cortas para controlar tanto ilícito.