Tres glosas de Contraloría sobre Quiport suman $138.8 millones

SEP, 26, 2017 |

Concesión. El Municipio de Quito y Corporación Quiport S.A. firmaron el contrato en agosto de 2010.

El organismo confirmó en segunda instancia las irregularidades detectadas en un informe de finales de 2015.

 

El informe de auditoría DAPyA-0006-2016 , que examinó todos los años de la administración del exalcalde Augusto Barrera y nueve meses de la de Mauricio Rodas, establece irregularidades en la aplicación del contrato de concesión, el cumplimiento de la alianza estratégica y la operación y mantenimiento del aeropuerto.

Además detectó que el Municipio no realizó controles oportunos al contrato y efectuó pagos en exceso al concesionario Quiport. La Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales (Epmsa) también falló en los controles financieros de los acuerdos.

 

Exceso en aportes

Según el documento de Contraloría, Quiport S.A. se benefició de $76’738.824 por aportes en exceso realizados por el Municipio. La renegociación del contrato de construcción y concesión del aeropuerto Mariscal Sucre establecía que el Cabildo debía aportar $179’519.266, correspondientes al 26% del monto total del proyecto, es decir, $683’407.975. Ese pago podía realizarse en varias partes, pero con fecha límite a septiembre de 2010.

EL DATO
La Contraloría establece responsabilidades para cuatro funcionarios municipales, así como el Presidente de Quiport S.A. Asimismo, recomienda la destitución de siete funcionarios.
Sin embargo, según la Contraloría, el Municipio desembolsó dinero más allá del tiempo establecido y por un monto superior al pactado. Su último aporte fue registrado el 30 de junio de 2013, con lo que su contribución alcanzó la suma de $256’258.09.

La Contraloría subraya que “las aportaciones fueron negociadas, acordadas y constan en documentos e instrumentos jurídicos suscritos por las partes y se entienden de estricto cumplimiento, y en ninguno de estos se estableció que el aporte del Municipio sea ilimitado”.

Por este hecho, el ente de control emite una glosa solidaria por $76’738.824, que representa el valor entregado en exceso. Sobre esto deberán responder dos altos funcionarios municipales.

 

Costos y gastos

Quiport S.A. obtuvo $57’386.148 adicionales por concepto de costos y gastos que fueron reportados como operación y mantenimiento de la terminal. Dichos montos, además de no estar contemplados en el contrato de concesión, fueron pagados sin los respectivos documentos que los justifiquen, según la Contraloría.

EL DATO
La última instancia que le queda a Quiport para apelar las glosas es el Contencioso Administrativo.
En este sentido, la Contraloría estableció una glosa solidaria por $41’424.697 en contra de una alta funcionaria municipal, por haber suscrito el primero de octubre de 2013 un ‘Acta de conciliación’ en la que el Municipio aceptaba asumir los costos y gastos reportados por Quiport S.A., sin la debida sustentación documental.

Del mismo modo, se emite otra glosa por 15’961.451 dólares en contra de otros dos servidores públicos de alto nivel. Esto, por no haber efectuado la vigilancia, seguimiento, monitoreo y control financiero de los contratos y acuerdos concernientes a la concesión del proyecto del aeropuerto internacional de Quito.

 

Tasas aeroportuarias

La Contraloría también emitió una glosa solidaria por $4’557.580. Esto se hizo porque se detectaron diferencias no justificadas entre los registros reportados por Quiport sobre recaudación de tasas aeroportuarias y la recaudación efectiva de las mismas. 

El periodo donde se detectaron las diferencias va desde el 29 de julio de 2009 hasta el 4 de febrero de 2011. Según los reportes del concesionario, el monto cobrado fue de $102’023.481, mientras que documentos oficiales de Epmsa establecían que la recaudación en ese lapso fue de $97’465.901.

 

Otros problemas

Entre junio y diciembre de 2014, la Contraloría estableció que Quiport no cumplió con el nivel de servicio ‘B’ de IATA en el aeropuerto. Es decir, prestó un servicio inferior al estipulado contractualmente. Esto, según la misma Contraloría, fue posible debido a la falta de monitoreo por parte del Municipio.

Con las adecuaciones y ampliaciones entregadas en 2015, esta observación pudo ser superada. Sin embargo, quedan puntos pendientes como el referente a que, hasta la fecha, Quiport no ha presentado un Manual de Operaciones actualizado y acorde al nivel de servicio que se debe prestar en un aeropuerto como el de Quito.

Durante más de un mes, La Hora ha intentado una entrevista con Andrew O’Brian, presidente y director general, o con otro alto directivo del Consorcio Quiport, sin embargo, hasta el cierre de esta edición no hemos obtenido respuesta del departamento de comunicación. (JS)


 

El argumento de ‘evento político’ es cuestionado

Quiport argumentó, en oficios dirigidos al Concejo Metropolitano, que las glosas impuestas por la Contraloría responden a un evento político que puede constituirse en causal de terminación del contrato de concesión. Esto según el concejal Marco Ponce no tiene ningún sustento legal y es una argumentación totalmente equivocada. “Las glosas son el resultado de manejos financieros y administrativos inadecuados y pobres controles que son responsabilidad directa de la administración municipal anterior”, señaló. Sergio Garnica, concejal independiente, añadió que corresponde que el concesionario siga prestando el servicio mientras se adelanta un proceso de renegociación que, entre otras cosas, establecería multas y sanciones ante incumplimientos en la calidad del servicio y la correcta administración del aeropuerto

Con esto concordó Álvaro Maldonado, secretario de Productividad del Municipio, y además aclaró que las resoluciones de Contraloría se derivan del ejercicio de sus competencias constitucionales y legales y que las emitió en ejercicio de su tarea de control. Sin embargo resaltó que esas resoluciones no están en firme, porque aún es posible impugnarlas por la vía judicial.

Además añadió que a partir de ahora el Gobierno Central y el Municipio trabajarán de manera coordinada para que el contrato de concesión no se vea afectado. “La única condición para que exista un evento político es que cuando el país o una autoridad competente cambie de manera adversa la situación legal, económica o comercial del concesionario, del proyecto, del contratista o del operador o de cualquier subcontratista de ellos. Claramente esto no ha ocurrido”, concluyó.

 

 

 

 

 

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