El objetivo es establecer mecanismos de denuncia de vulneración de derechos ciudadanos, que puedan ser monitoreados.
En el marco de la celebración del aniversario número 69 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ayer en el Centro de Arte Contemporáneo (CAC) se firmó la creación del Consejo de Protección de Derechos de Quito. Este Consejo será el espacio ejecutor y coordinador de todo un trabajo conjunto, público y privado, para garantizar el respeto, la inclusión y la igualdad de oportunidades de la ciudadanía en general, con especial énfasis en los 10 grupos de atención prioritaria.
Adultos mayores, niños y adolescentes, personas de minorías culturales y sexuales, en situación de movilidad humana o en condición económica precaria, además del resto de quiteños y ecuatorianos que viven en la ciudad, podrán presentar sus denuncias, quejas o peticiones sobre tratos discriminatorios o vulneración de sus derechos directamente a este nuevo Consejo.
Mediador de procesos
Este órgano, con participación de 27 entidades municipales, nacionales y organizaciones de la sociedad civil, será el mediador y el propulsor de los procesos de reparación cuando se cometan atropellos, actos de violencia, sanciones desproporcionadas o incumplimientos de la Ley en contra de la ciudadanía.
Este nuevo esquema de colaboración interinstitucional es la concreción de los lineamientos establecidos en la ordenanza 188 que establece el sistema de protección integral del Distrito Metropolitano de Quito.
EL DATO
Más de 50.000 denuncias por vulneración de derechos, discriminación o violencia se tramitan cada año a través de las instancias municipales.María Fernanda Pacheco, presidenta del Patronato San José, explicó que con la creación de este consejo, que entrará en un periodo de transición de seis meses para absorber las competencias de otras instancias municipales de protección de derechos como el Consejo Metropolitano de Protección Integral a la Niñez (Compina), se encargará de mantener actualizada y operativa la legislación de protección vigente y ser un canal directo de comunicación con los ciudadanos.
“Es importante dar el paso a la ejecución de lo que está estipulado en las ordenanzas metropolitanas, sobre todo en la coyuntura social y política actual en la que se ha evidenciado, de manera alarmante, graves vulneraciones de derechos a niñas, niños y adolescentes en el entorno educativo, femicidios, desapariciones y asesinatos”, dijo Pacheco.
Otro gran objetivo de este Consejo es el mejoramiento y establecimiento de protocolos prácticos de acción para atender de manera ágil y eficiente a cualquier ciudadano que se acerque a reclamar situaciones de discriminación, violencia o abuso, tanto en el ámbito familiar, educativo, económico o laboral. (JS)