Tras el deslizamiento de tierra que hubo, tres trabajadores quedaron atrapados. Uno de ellos murió.
Tras nueve meses de espera, el Concejo Metropolitano finalmente recibió ayer el informe de la Comisión Especial de Fiscalización Troje 4, fase 2, que se creó para determinar las causas que originaron el deslizamiento de 150.000 metros cúbicos de lodo en la escombrera El Troje, ubicada al sur de Quito.
El deslave se registró el 5 de diciembre de 2017 por el colapso de una de las paredes del cubeto sur, donde se estaba colocando el material que se sacaba de las obras del Metro. Tras este hecho, tres trabajadores de la escombrera quedaron atrapados. Dos de ellos fueron rescatados y uno falleció. El lodo también taponó y dañó parte de la estructura del canal del río Pita, lo que dejó a unos 600.000 quiteños sin agua. Esto, porque no se pudo abastecer a 171 barrios del sur, centro y centro norte de la urbe.
Según el informe hubo negligencia por parte de varias instituciones municipales en el manejo de los procedimientos, normativas y cumplimientos de las normas técnicas. Tampoco se coordinaron acciones de prevención, faltaron control de las normas ambientales y se incumplieron preceptos legales establecidos en la Constitución.
Pedro Freire, presidente de la Comisión, leyó el documento que se elaboró luego de 18 reuniones, cuatro mesas de trabajo, una inspección al sitio y en el que se solicita al Concejo que se remitan los resultados del informe a los organismos de control pertinentes. Esto, con el fin de que se determine el grado de responsabilidad de los servidores a cargo de las entidades municipales implicadas por la inobservancia de sus funciones.
La Comisión también recomienda que de manera urgente se abra una escombrera al sur de Quito y que se refuercen los mecanismos de control y responsabilidad sobre la disposición de escombros.
A la Empresa Pública Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos (Emgirs), asimismo, se le da un plazo de 15 días para que presente un Plan de Escombreras.
Los detalles
Susana Castañeda, vicepresidenta de la Comisión Especial, dijo que en el estudio se evidenció una descoordinación institucional en el manejo de la escombrera y de los materiales. “Hay una negligencia por parte de las instituciones municipales, incumplieron incluso con las recomendaciones que hicieron los multilaterales en 2015”.
Jorge Yánez, gerente de infraestructura del Metro de Quito, que ahora deposita el material en una escombrera privada, dijo que han cumplido con todos los requisitos que estaban especificados en el contrato, que son los operadores de la escombrera los que deberán decir qué fue lo que pasó. “Hemos dado el tratamiento que se requería para el transporte de residuos, no somos operadores de la escombrera”, puntualizó.
Jorge Serpentegui, actual gerente de la Emgirs, dijo que hubo una acción de control de parte de la Contraloría General del Estado, que hay un borrador del informe y que por disposición de la gerencia están cumpliendo con las recomendaciones en cuanto a administración de contrato y fiscalización.
Conclusiones
La Comisión establece siete conclusiones de la actuación de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito. Se dice que faltó seguimiento, control y vigilancia de la correcta ejecución de las obligaciones contraídas por las partes, en los diversos instrumentos legales suscritos : convenios y contratos.
Además se anota que tanto esta empresa como la Emgirs y el Consorcio Troje-Oyacoto, conocían de la supuesta mala disposición de los materiales provenientes de excavaciones del Metro en la escombrera El Troje.
EL DATO
150.000 metros cúbicos de lodo de la escombrera taponaron el canal del río Pita, afectando a las plantas de tratamiento de Puengasí, Conocoto y El Placer. De igual forma se dijo que el despacho de la Alcaldía conoció con anterioridad al suceso del 5 de diciembre el estado de la escombrera El Troje 4 y que en la sala de asesores de la Alcaldía se había puesto en conocimiento un borrador del Plan de Acción Correctivo de la escombrera.
Con respecto a la actuación de la Emgirs, se señala que el contrato suscrito con el consorcio El Troje-Oyacoto es deficiente en la determinación de las obligaciones que el contratista debía cumplir.
También se señala que en los documentos contractuales no se realizó un detalle de los residuos o escombros que podrían depositarse en las escombreras El Troje-Oyacoto. Tampoco se determinó el tratamiento previo que debería darse a los mismos hasta su disposición final. Se anota que la Emgirs, a través de su fiscalizador y administrador de contrato, incumplió con las obligaciones legales, como realizar un adecuado control de las operaciones de la escombrera. (PSD)