Cuatro aspectos vigilará la Defensoría en la intervención en Carcelén

REUNIÓN. Representantes de instituciones públicas y organizaciones internacionales acordaron la intervención guiada.
REUNIÓN. Representantes de instituciones públicas y organizaciones internacionales acordaron la intervención guiada.

En estos días, instituciones actuarán en el campamento en el que se encuentran 59 ciudadanos venezolanos.

Antes, durante y después de la intervención guiada que se realizará en el campamento de venezolanos en Carcelén en los próximos días, las instituciones que participen tendrán que cumplir con los protocolos establecidos. Para que se ejecuten, acudirán al lugar representantes de la Defensoría del Pueblo para observar el proceso.

Son cuatro los aspectos principales que se van a tomar en cuenta para que se respeten los derechos de los ciudadanos que se encuentran en el intercambiador y que serán reubicados. Javier Arcentales, asesor del despacho de la Defensoría, comentó que se ha solicitado desde el inicio que se brinde una atención integral a los ciudadanos.

Según Arcentales, cuando se realice la intervención, se verificará la proporcionalidad en el uso de la fuerza, es decir, el número de policías que van a acudir, en especial por el antecedente del día en el que se realizó el levantamiento de la información, cuando acudieron 170 agentes.

También se observará las respuestas a los requerimientos de las personas, con respecto a su situación migratoria y a quienes necesitan atención prioritaria (niños, mujeres embarazadas). Por último, se observará que se brinde la posibilidad de acceso a albergues a personas solas y que se respete la voluntad y se les dé un trato digno.

Tanto la función de la Defensoría como de las demás instituciones se definieron ayer durante la reunión de la Mesa de movilidad humana, en el Comité de Operaciones de Emergencia (COE), en la que finalmente se trazó la hoja de ruta para la intervención guiada en el sitio que fue ocupado desde el 23 de julio de este año.

Reubicaciones
Después de conocer el informe que presentó la Mesa social a cargo del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), sobre la situación actual del grupo de venezolanos en el asentamiento, las autoridades tomaron la decisión de volver a habilitar dos albergues municipales como Centros Temporales de Tránsito (CTT). Actualmente, hay 59 personas.

EL DATO
La resolución de emergencia en Pichincha, El Oro y Carchi se extendió hasta el 30 de noviembre.Juan Zapata, secretario de Seguridad, informó que cuatro familias que agrupan a 17 personas serán acogidas en los CTT de La Tola y de La Y. Ahí, recibirán atención interinstitucional y el Municipio volverá a movilizar recursos económicos para alimentación y servicios básicos.

Con una experiencia anterior de los seis centros que se habilitaron en agosto para más de 100 personas, Zapata dijo que aunque el protocolo mencionaba un alojamiento de cinco días, habrá flexibilidad hasta que los organismos sociales puedan establecer estrategias de ayuda social a las personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.

En el caso de las personas que se encuentran solas y que desean permanecer en Quito, el albergue San Juan de Dios volverá a abrir plazas para ellas. Además, en el levantamiento de información, se identificaron cinco personas que están en tránsito hacia Perú y a quienes también se les ayudará en su traslado. (PCV)

Situación actual
° El miércoles de esta semana, técnicos de instituciones lideradas por el MIES, acudieron al intercambiador de Carcelén junto a un operativo policial para realizar un censo. Silvana Haro, coordinadora zonal del MIES, informó que, en una primera visita por la mañana, se contabilizaron 70 personas, pero en un segundo levantamiento de información por la noche se registró la salida de una familia de 11 miembros hacia Esmeraldas, por lo que se calcula que quedan 59 ciudadanos.

De ellos, seis son niños, seis mujeres embarazadas y seis personas con discapacidad. En los registros también se identificaron enfermedades preexistentes, como cálculos en los riñones, rotura de fémur, cálculos en la vesícula, asma y rinitis.

Por parte de la Policía Nacional, Carlos Blanco confirmó que en el campamento se detectaron casos de mujeres que han sido obligadas a prostituirse y jóvenes que han recibido amenazas para delinquir. Además, comentó que en estas semanas se clausuró un burdel ubicado cerca de la zona.

Guillermo Rodríguez, subsecretario del Ministerio de Interior, destacó la importancia de la articulación de instituciones para el operativo que tendrá como prioridad rescatar a las personas que se encuentran en el sitio y recuperar el espacio público. Durante la sesión, se aseguró que se respetarán los Derechos Humanos y que además se continuará con las investigaciones que sean necesarias con respecto a los presuntos delitos cometidos.