Concejales de oposición pidieron las resoluciones administrativas por la presunta ilegalidad de los cupos.
El procurador del Municipio de Quito, Gianni Frixone, renunció públicamente a su cargo. Lo hizo ayer, durante la Sesión de Concejo, que se convocó para tratar el tema de la regularización de los taxis. El Alcalde de la ciudad, Mauricio Rodas, dio por terminada la sesión sin pronunciarse al respecto.
Durante la jornada, Frixone encaró al Concejo, en tono enérgico, por no tomar en cuenta el criterio de la Procuraduría. Aclaró que se incluyeron informes y resoluciones contrarias a “los criterios de sanación y subsanación” planteados para el caso que involucra a quienes han ejercido el taxismo fuera de la norma, desde el 2014, y que a la fecha son 11.660.
“Lamento que se pretenda cuestionar mi integridad profesional. Si aquí, señor alcalde, la voz de procuraduría no se escucha y no se respeta tengo que retirarme. Yo he dado mi asesoría jurídica en derecho, como debe ser”, concluyó.
Ambiente
La Sesión del Concejo empezó sin mayores novedades. Dentro del orden del día se leyó el informe de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y de la Secretaría de Movilidad sobre el incremento de número de cupos asignados para permisos de operación de compañías y cooperativas de taxis.
Julio Puga, director de la AMT, presentó la nómina de seis exfuncionarios de la Dirección de Administración Vehicular suspendidos y un cronograma de acciones que se cumplirían hasta marzo de 2018. La información debía ser presentada, de acuerdo a la resolución 313 que se estableció para resolver la entrega ilegal de cupos de taxis, el 18 de octubre de este año.
EL DATO
La Contraloría General del Estado continúa con el examen especial sobre el incremento de cupos y la Fiscalía ha llamado a rendir versiones sobre el mismo tema.El concejal Carlos Páez pidió que el director responda explícitamente “¿Cuántas resoluciones administrativas ha tomado hasta la fecha, en los últimos dos meses, para declarar la nulidad de las habilitaciones operacionales?”.
La respuesta de Puga fue que “la Agencia ha generado un instructivo y mientras se vaya desarrollando arrojará los resultados respectivos. Una vez generada la lesividad del proceso, se pondrá en manos de la autoridad competente, es decir, del juez de lo Contencioso Administrativo”.
Por su parte, Jorge Albán solicitó al Procurador que explique el alcance del término ‘lesividad’ y él respondió que “es un acto administrativo otorgado contrario a derecho, norma o ley, que ocasiona un daño” y recalcó que “hay varios pasos que tienen que darse para dejar sin efecto un acto administrativo emitido, en este caso, la entrega de cupos o la declaratoria de idoneidad”.
Luisa Maldonado refutó al Procurador diciéndole que intentaba legitimar los actos administrativos que estuvieron fuera de la norma. En su intervención, aclaró que la Ordenanza 177 es la única que dispone la creación de cupos. (PSD)