Permitir a la ciudadanía vigilar cómo se administran el dinero público, especialmente el que se entrega en contratos, es lo que la Secretaría de Movilidad, quiere lograr al aplicar normas internacionales para evitar casos de corrupción.
Se trata de “una política de lucha contra el soborno al personal de la organización, identificar y evaluar las actividades de mayor riesgo de actos de soborno, establecer controles no financieros, crear procedimientos y canales para informar de cualquier sospecha de soborno de forma segura y anónima”, explicó el secretario de Movilidad, Guillermo Abad
A criterio del coordinador del Observatorio de Gasto Público, de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Leonardo Gómez Ponce, con estas normas conocidas como ISO 37.001 el Municipio se obliga a utilizar un software de gestión muy práctico, que centraliza la información de datos, archivos y documentos, con el objetivo de identificar ciertas áreas que podrían representar riesgos de soborno.
“Es una norma de procesos que establece pasos y procedimientos de transparencia y de intervención de los funcionarios, que implementa sistemas tecnológicos para evitar contacto alguno y por ende cualquier lógica de corrupción o tranza”, explicó el consultor en temas de movilidad, Cristóbal Buendía. (JCER)