Ordenanza de fauna urbana se incumple hasta en el Municipio

JUL, 16, 2019 |

ACUERDO. Autoridades municipales y fundaciones animalistas se reunieron ayer en la Secretaría de Inclusión.

Un incumplimiento de la ordenanza 48 de tenencia responsable y control de fauna urbana, vigente desde abril de 2011, se pone en evidencia en la ciudad tras la muerte de 31 perros por envenenamiento con comida donada en tres refugios.

La crítica la formularon ayer representantes de organizaciones de rescate, autoridades municipales y concejales de la Comisión de Salud.

Gabriela Caicedo, concejal alterna del vicepresidente de la Comisión de Salud y presidente de la Comisión de Ambiente, sostuvo que los propietarios incumplen con la obligación mínima de identificar y registrar a sus mascotas. El Municipio tampoco ha levantado un registro sobre los animales de compañía. 

El artículo 5 de la normativa dispone a los propietarios una “identificación y posterior inscripción de sus animales en el Registro metropolitano de animales domésticos y de compañía, dentro del plazo máximo de tres meses y un día desde su nacimiento o treinta días desde su adquisición”.

“No hay un organismo específico que vigile por el cumplimiento. Plantearemos que se cree una unidad específica de control, adscrita ya sea a la Secretaría de Ambiente o a la Agencia Metropolitana de Control, que se responsabilice directamente de hacer cumplir la norma”, agregó Caicedo.

EL DATO
La ordenanza de control de fauna animal está vigente desde abril de 2011.
La presidenta de la Comisión de Salud, Brith Vaca, dijo que han solicitado un informe de todas las actividades de Urbanimal. “Se supone que estaban a cargo del control de la fauna urbana y de hacer cumplir las normativas vigentes, incluidas las del COIP (Código Orgánico Integran Penal)”

Caicedo y Vaca, además exigen que las autoridades municipales y de la Fiscalía realicen todos los esfuerzos para dar con los responsables del envenenamiento masivo de perros y que apliquen “sanciones ejemplificadoras”

Según la ordenanza, “matar animales de compañía propios o ajenos de forma masiva o individual” es una infracción “muy grave”, que se sanciona con hasta 10 remuneraciones básicas unificadas (3.860 dólares). Por la misma contravención, el Código Orgánico Integral Penal (COIP) impone de tres a siete días de cárcel.

Control de donaciones
Mientras el Concejo y la Asamblea intentan impulsar reformas a la ordenanza 48 y al COIP, representantes de los tres refugios donde se produjeron las muertes de los animales informaron que recibirán donaciones con la presentación previa de nombres, copias de cédula de identidad de los donantes y el registro del número de lote del alimento.

La nueva medida entró en vigencia desde ayer. América Freire, responsable del cuidado de 44 perros rescatados en las instalaciones de la fundación Patitas callejeras, en Calderón, afirmó que no recibieron donaciones de tres fundas no selladas de alimentos de personas que se negaron a identificarse.
 

Indagaciones 
Tras reunirse con representantes de los refugios, la secretaria de Inclusión, Gabriela Quiroga, dijo que les brindarán todo el apoyo durante la investigación sobre el envenenamiento masivo de perros ocurrido el fin de semana. “Necesitamos un pronunciamiento de los laboratorios sobre los exámenes de comida o sustancias que los animalitos expulsaron”. 

En la cita también se analizó cómo mejorar el cuidado y la seguridad los refugios tras recibir un animal rescatado o donaciones de alimentos. Esto, debido a que en la actual ordenanza no se establece obligación de registro de donaciones, reconocieron ambas partes. “Son protocolos con medidas de acción inmediata porque las reformas siguen en marcha en la Asamblea y el Concejo. Por hoy lo urgente son las pruebas toxicológicas y a futuro campañas de prevención y esterilización”, agregó Victoria Melo, representante del refugio Lucky Bienestar Animal. (JCER)
 

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