La posibilidad de suspender las operaciones de Uber y Cabify, como plantean los gremios de taxistas, es algo que rechazan las asociaciones de usuarios de estas plataformas. Ellos dicen que esto atenta contra el derecho a escoger un servicio.
“La evolución de la tecnología es imparable. Los taxistas tradicionales deben comprender esta situación y aprender a compartir y competir por ver quién ofrece mejor servicio”, dice María José Troya, de la Tribuna Ecuatoriana de Consumidores y Usuarios.
Agrega que “los usuarios prefieren estas plataformas porque ofrecen seguridad y precios competitivos que otros no dan”
Antonio Calderón, presidente de la Federación de Taxis Ejecutivos de Pichincha, difiere y dice que su pedido es que estas aplicaciones “cumplan con las leyes y todos tengan iguales oportunidades para ofrecer el servicio”.
Explica que los taxis cobran entre 20 y 25 dólares por un viaje al aeropuerto, pero Uber y Cabify piden 13 dólares, porque “ellos no tienen que pagar impuestos y demás costos que los taxistas legales sí deben”.
Legalidad
Cristobal Buendía, miembro del Observatorio Ciudadano de la Movilidad, considera que el problema no son la aplicaciones, “sino las mafias que trabajan dentro de las cooperativas de taxis que les cobran a los conductores entre 10 mil y 15 mil dólares por tener un puesto”.
A esa observación se suma el asambleísta Fabricio Villamar, miembro de la Comisión Ocasional de Transporte de la Asamblea Nacional. “Debería abrirse una investigación en el Concejo Metropolitano para determinar si no hubo un exceso en la aprobación de taxis, quiénes fueron los beneficiarios y quiénes los responsables”. (JDC)