‘En elección de vicealcaldes no se vulneraron derechos’

SEP, 16, 2019 |

ENTREVISTA. El vicealcalde de Quito, Santiago Guarderas, cuenta que parte de su labor se enfoca en temas de seguridad.

Luego de una reunión en la Comisión de Movilidad, el vicealcalde de Quito, Santiago Guarderas se dirige a su despacho. Son las 11:45 del viernes y debe salir con urgencia a la Universidad Católica donde imparte clases de Jurisprudencia.

Aborda su vehículo y accede a conversar con La Hora sobre la decisión de la jueza de la Niñez y la Familia, Cecilia Duarte, quien negó la acción de protección que la Defensoría del Pueblo presentó en contra del Concejo Metropolitano y del alcalde, Jorge Yunda. 

El recurso se presentó el 2 de agosto por una supuesta violación del principio de paridad de género en la elección de las vicealcaldías. Guarderas explica que la jueza no encontró vulneración de ningún derecho constitucional porque durante el proceso de designación se garantizó el derecho a la participación de un hombre y una mujer. 
 

¿Qué se ganó realmente con el pronunciamiento de la jueza?

Con esta decisión se respeta la democracia, la institucionalidad y la autonomía de los gobiernos descentralizados. Además se ratifica la constitucionalidad y la legalidad de la decisión adoptada por el Concejo Metropolitano en cuanto a la elección de las dos vicealcaldías.
 

¿Por qué es importante que se respete lo que resolvió el Concejo?

Porque al designar a las dos autoridades, el Concejo jamás violentó derecho constitucional o norma alguna. Por el contrario, siempre respetó los derechos consagrados en la Constitución. 


“Para hacer una administración eficiente es necesario que el  Vicelalcalde sea una de las personas de confianza del Alcalde”.
Entonces, ¿qué cree que hubo detrás de la acción de protección?

Una actuación política del Defensor del Pueblo, que está buscando legitimarse. Recordemos que él no llegó de la manera más legítima a su cargo.

Además, llama la atención que diga defender a una mujer, pero cuando recibe el fallo muestre una actitud prepotente y ejerza violencia contra la jueza a quien acusa de haber tenido el fallo preparado. Sería bueno que la Fiscalía inicie una investigación.
 

Con la confianza que tiene del Concejo y del Alcalde, ¿cuáles son los ámbitos de acción que se le han encomendado?

En materia de seguridad, trabajamos en el convenio con el Ministerio del Interior para rehabilitar y repotenciar las UPC (Unidades de Policía Comunitaria) y en la creación de las Unidades de Vigilancia Comunitaria (UVC). 
 

Pero, ¿esa no es una competencia del Estado? 

Es una competencia del Estado a la cual la Municipalidad no puede cerrar los ojos, sino que quiere contribuir con videovigilancia e iluminación en todo el Distrito, fundamentalmente, en parques, plazas y calles. También con una Policía Metropolitana que colabore con la Policía Nacional y el Ministerio de Gobierno. Además, queremos suscribir un convenio con el Ministerio de Defensa para que se haga un control estricto de armas. 

¿En qué situación se encuentran las UPC? 

Hay alrededor de 220 UPC, pero muchas no están en funcionamiento. Algunas están destruidas, deterioradas, e inclusive se utilizan como guarida de ladrones, drogadictos o alcohólicos. Eso se intervendrá y nosotros exigiremos, como contraprestación, que el Ministerio de Gobierno dote personal policial suficiente para la ciudad. En Quito hay un déficit de alrededor de 7.000 policías. Queremos que en las UPC estén al menos dos o tres, con dos o tres vehículos y motos. 

Como presidente de la Comisión de Movilidad, ¿cuáles son los temas en los que está trabajando? 

En ordenanzas para cerrar procesos que, lamentablemente, se llevaron de manera irregular en la anterior administración. Una es cerrar la regularización de taxis. Se otorgaron permisos de operación de manera irregular. Concluido este cierre, se enviará una solicitud a la Contraloría General del Estado para que se haga una auditoría total y se establezcan responsabilidades. (JN)

Caso Odebrecht

El vicealcalde, Santiago Guarderas, comentó que la Procuraduría aceptó la solicitud del Municipio para integrar una mesa interinstitucional en la que se establecerá el monto que debe reparar Odebrecht al Estado por las coimas. El Municipio participó o contrató con esa empresa dos obras emblemáticas: la Ruta VIVA y el Metro. “Extrajudicialmente se ha establecido un perjuicio estimado de siete millones de dólares, que a nuestro criterio es muy inferior al monto real”. 

 

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