‘El exgerente de Residuos Sólidos nos engañaba’

Situación. El Relleno del Inga está declarado en emergencia.
Situación. El Relleno del Inga está declarado en emergencia.

Eduardo del Pozo, concejal de Quito, dice que Hernán Alvarado jamás informó de algún problema en el relleno sanitario del Inga.

La mala situación del relleno sanitario del Inga, en Quito, quedó en evidencia tras las denuncias de los moradores del sector. La Secretaría del Ambiente realizó una visita ‘in situ’ y generó un informe en el que determinaba el posible colapso del lugar que, a diario, recibe las 200 toneladas de basura.

¿Por qué las autoridades no previnieron esta situación? La respuesta de Eduardo del Pozo, concejal de Quito, quien hizo público el informe de la Secretaría del Ambiente, fue reveladora: “El exgerente (Hernán Alvarado) nos engañaba, nos decía que las cosas estaban bien, que no había ningún inconveniente”.

Salidas sin explicación

Cuando se reveló que el cubeto 9B llegaría al límite -entre agosto y septiembre de este año-, también se supo que las autoridades no iniciaron el proceso de contratación para construir un nuevo cubeto.

Además, el manejo de los lixiviados (líquido producido por la basura) llevaba meses sin realizarse adecuadamente, provocando que las piscinas se pudieran desbordar. “En la inspección se determinó que no solamente no estaban vacías estas piscinas, sino que estaban saturadas. Esto significaba una crisis compleja”, aseguró Del Pozo.

Tras las denuncias, Hernán Alvarado, designado como gerente de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos (Emgirs-EP) en junio de 2019, renunció sin dar explicaciones. Xavier Sinche está al frente de la empresa.

Las autoridades tampoco se ponen de acuerdo sobre lo que pasó con la empresa encargada del tratamiento de lixiviados: Villacapria. ¿No renovaron su contrato o el convenio fue suspendido?

Sin experiencia en residuos

Según el portal de compras públicas, Villacapria registra tres pagos hechos por Emgirs-EP, desde 2015 hasta 2019. Del Pozo señala que la empresa trabajó hasta diciembre del año pasado. Luego se contrató a una nueva entidad y rápidamente se rescindió el contrato. Esa sería la causa por la que las piscinas no tuvieron tratamiento, entre diciembre de 2019 y febrero de 2020.

Sin embargo, los problemas venían desde antes, precisó en entrevistas pasadas la exsecretaria del Ambiente, Marianella Irigoyen, quien dejó su cargo en octubre de 2019 y quien ha señalado que había advertido sobre el colapso.

Una de las causas sería la poca experiencia de Villacapria en el manejo de este tipo de líquidos. La empresas fue constituida por dos abogados: Enrique Alberto Arboleda Espinel y Juan Carlos Villacís Molina.

Arboleda fue secretario general del Concejo Metropolitano entre 2003 y 2004 y Villacís fue abogado del Distrito Metropolitano y, en 201, durante cinco meses trabajó en la Defensoría del Pueblo.

Cuando instituyeron la empresa (2006), que durante tres años trató los lixiviados de la capital, su objeto social fue “crianza y comercialización de especies de ganado, administración y control de haciendas, fincas, cultivos”, entre otros. Nunca se mencionó manejo de desechos, lixiviados ni basura.

Emgirs abrió un concurso para una empresa tratante de lixiviados y una que construya un nuevo cubeto.Sin embargo, en marzo de 2016 (un año después de trabajar con Emgirs) cambiaron el objeto social a “manejo de plantas industriales, desechos, etc”.

En el portal de compras públicas se encuentra esta información, pero no el tipo de contrato con el que una empresa que nació con una razón social que nada tenía que ver con el manejo de residuos, empezó a trabajar con Emgirs.

Desde el 10 de junio, LA HORA solicitó una entrevista con el actual Gerente y una visita al relleno. El 28 de junio el departamento de comunicación respondió que por cuestiones de seguridad no se podía ir al Inga, pero sí realizar la entrevista.

Al solicitar el contrato con Villacapria indicaron que solo hablarán de la gestión actual y que “se recibió a la empresa en una situación complicada (…), pero no es correcto que nos pongamos a hablar mal de la empresa que hacía el tratamiento de lixiviados, ya que cumplió con su papel hasta el día que tuvo el contrato”.

Falta de fiscalización

Del Pozo explicó que la Contraloría está realizando un análisis sobre cómo se llevaron estos procesos en administraciones pasadas y verificar responsabilidades.

La fiscalización de cualquier empresa municipal, reconoció Del Pozo, está en manos del Concejo Metropolitano; sin embargo, desde la gestión pasada a la de Jorge Yunda, nadie puso ‘sobre la mesa’ que Villacapria obtuvo el contrato sin ser una empresa a fin a la gestión ambiental.

Tampoco se fiscalizó porque Alvarado, según la nómina de 2019 de Emgirs, ganaba cerca de $10.000. Del Pozo indicó que el gerente tiene un sueldo establecido y que de ser así “se así se estaría incurriéndose en una serie de delitos que deberían pasar a la Fiscalía”. (AVV)