País de derecho ante la violencia

ENE, 15, 2019 | - Por JORGE ZAMBRANO ANDRADE

JORGE ZAMBRANO ANDRADE

Desde tiempos se ha acuñado, como categoría jurídica, que el Estado tiene el monopolio legítimo de la violencia. Esa definición, de imperioso contenido ético, es inseparable de la idea básica de que el estado de derecho es la expresión del imperio de la ley. Pero no de cualquier ley.

Los estados totalitarios gobernaron con normas y leyes que institucionalizaban el poder, pero desconocieron los derechos fundamentales del hombre y, en consecuencia, la base ética de la convivencia libertad y tolerancia faltaron. En suma, la violencia se imponía, restrictiva, desde el poder.

Un constitucionalista ejemplar, condensa esa contradicción con una precisión rigurosa: “El Estado no puede, no debe, de ningún modo, responder al delito con el delito, a la violación de la ley por el delincuente con la violación de la ley por el gobierno alegando una supuesta eficacia. De hacerlo se convertiría, así, en un Estado delincuente”. En suma, sólo el estado de derecho asume el monopolio legítimo de la violencia, lo que significa y supone limitaciones concretas, objetivas, éticas, de dimensiones objetivas inequívocas. Emplear el monopolio legítimo de la violencia supone esgrimir la plena legitimidad de las decisiones. El gobernante no es la ley, es su servidor.

Parece indispensable subrayar, por todo ello, que la violencia  aunque el narcotráfico y la delincuencia criminal hayan elevado la tensión aterradoramente, no hace menos cierta la inquietante debilidad de las estructuras jurídicas y policiacas del país. Esa realidad es un factor fundamental de la crisis. Las medidas, por tanto, para liquidar la violencia son muy frágiles por la ausencia de fiabilidad en los sistemas de seguridad y de ordenamiento legal.

Los investigadores  no dudan en afirmar que la que la bancarrota del sistema de justicia criminal al permite un extremadamente alto nivel de impunidad y  corrupción y no garantiza los derechos fundamentales ni de las víctimas ni de los acusados. El hecho de que coincida con análisis internacionales acredita su independencia y no el sometimiento a los mitos del poder.

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