ANDRÉS GÓMEZ CARRIÓN
La desaparición de Jamal Khashoggi dentro de las instalaciones diplomáticas de Arabia Saudita en Turquía ha repercutido categóricamente en el mundo. Khashoggi era un reconocido periodista saudí crítico al régimen político del príncipe heredero de su país y columnista del periódico The Washington Post.
Aún no se sabe con certeza qué sucedió con el comunicador, lo que sí es cierto es que luego de ingresar a la Embajada de su país en Ankara el 2 de octubre de 2018 desapareció sin dejar el mínimo rastro. A partir de entonces, gracias a supuestos audios y grabaciones reveladas, las especulaciones sobre el asesinato de Khashoggi por parte del régimen de su país han tomado valor.
Hace pocos días, la relatora de Naciones Unidas, Agnes Callamard, estableció que cuenta con elementos de valor para comprobar que Khashoggi “fue víctima de un asesinato brutal y premeditado, planeado y perpetrado por funcionarios del Estado de Arabia Saudí”.
Más allá de la importancia que tiene establecer con claridad qué sucedió con Khashoggi para los procesos judiciales pertinentes, el análisis político debe centrarse sobre el accionar de los hegemones mundiales.
El gobierno de Trump, cercano al régimen saudí, inició con una postura sancionadora contra ese país si se comprobaban las sospechas. No obstante, al compás del avance de los días, el presidente de la unión americana se ha mostrado evasivo al tema (a pesar de la presión del Congreso estadounidense); lo mismo ha sucedido con los líderes mundiales asiáticos y algunos europeos. ¿Qué sucede?
Las grandes capitales políticas del mundo han dejado en claro que de llegarse a imponer cualquier sanción, estas no tendrán repercusiones sobre los acuerdos comerciales que existen con los saudíes. Parecería que el poder económico y de recursos naturales de los árabes, a través de los canales diplomáticos y del hard power, han tenido efecto positivo para sus intereses.