Actúa Ecuador

SEP, 22, 2019 | 00:05 - Por MAYRA AGUIRRE ROBAYO

Mayra Aguirre Robayo

La plataforma Social por la Institucionalización de la Democracia (www.actuaecuador.org) concientiza la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y posesiona la idea que la participación no es un apéndice estatal. Pablo Dávila (exmiembro del CPCCS dirigido por Julio César Trujillo) aspira a  recolectar 5.OOO firmas diarias en la calle, en sindicatos, empresas, academia y organizaciones sociales en las ciudades de Quito, Guayaquil y Portoviejo, entre otras. 

Para garantizar el referéndum  (julio o agosto del 2020). La plataforma informa al ciudadano de a pie del levantamiento de fondos y del avance de la inclusión de los ecuatorianos en la democratización de las estructurasd estatales.

Los objetivos de rescatar la impugnación ciudadana y la meritocracia facilitarían el control social de la gestión pública. La instauración del sistema  de bicameralidad en  la Asamblea Nacional, cuyo descrédito (hoy) del 72%, es penoso, ya que es el órgano representante del pueblo por excelencia. 

La no aprobación del aborto de las adolescentes violadas será como una lacra histórica de la actual Asamblea Nacional. La acumulación de penas a los delincuentes reincidentes no analiza desde lo socio-penal la inequidad y el desempleo del país.

Se transparentaría la elaboración de leyes, la fiscalización y designación de autoridades, el equilibrio de poderes. Se cambia el sistema estructural en dos cámaras. El Senado controla a la Cámara de Representantes y viceversa. Esta institución tendrá comisiones técnicas de selección de funcionarios de varios ámbitos con veedurías ciudadanas y espacios de cabildeo e impugnación.

La independencia y autonomía de la Fiscalía General del Estado del Consejo de la Judicatura parcializado, permitirá evaluar a los fiscales de forma directa con los estándares internacionales de la democracia. El cambio de pena a reclusión domiciliara del exasesor jurídico Alexis Mera, del anterior gobierno, fue reclamado con vehemencia por la actual Fiscal Diana Salazar, que investiga las acusaciones de corrupción en ‘Sobornos 2012-2016’. 


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