Mesias Mestanza
El concepto más simple nos dice que rebelión es el levantamiento contra una autoridad o un gobierno con el fin de derrocarlo y sustituirlo por otro. Nuestro COIP más técnico y específico nos dice que la persona que se alce o realice acciones violentas que tengan por objeto el desconocimiento de la Constitución de la República o el derrocamiento del gobierno legítimamente constituido, sin que ello afecte al legítimo derecho a la resistencia, será sancionado con una pena de cinco a siete años, pero, si se levanta en armas, impida las reuniones de la Asamblea Nacional o la disuelva, promueva, ayude o sostenga cualquier movimiento armado para alterar la paz del Estado, la pena será de siete a diez años de cárcel.
Sin duda alguna que los hechos violentos ocurridos en días anteriores tenían por objeto desestabilizar el régimen, pese a encontrarnos en un estado de excepción; pues tomarse el edificio e instalaciones de la Asamblea Nacional, destruir documentación de la Contraloría que contienen la materialidad de muchas infracciones y su responsabilidad que apuntaban a varios ex funcionarios públicos y hasta actuales, nos dicen de la peligrosidad de sus autores, sumado con la destrucción patrimonial de bienes del Estado y de particulares que suman varios millones de dólares, cuyos indicios fueron recogidos por la Policía que siempre estuvo acompañado de muchos fiscales, las cosas se tornan sumamente difíciles para quienes participaron de una u otra manera en la rebelión que afectó a la estructura constitucional del Estado. No se puede confundir rebelión, vandalismo, tentativa de asesinato a un periodista, crimen organizado, asociación ilícita, destrucción de bienes y documentos públicos que contienen responsabilidades civiles, penales y administrativas y una serie de infracciones, con el derecho a la resistencia que necesariamente tiene que ser pacífica. Aquella resistencia solo fue un pretexto con fines desestabilizadores contra un régimen constituido que fue más allá de una simple protesta, que puso en riesgo la integridad personal y la vida mismo de los particulares. Tal como están los hechos y circunstancias que motivaron esta revuelta nacional, se avizoran sentencias condenatorias para muchos participantes de la rebelión.
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El concepto más simple nos dice que rebelión es el levantamiento contra una autoridad o un gobierno con el fin de derrocarlo y sustituirlo por otro. Nuestro COIP más técnico y específico nos dice que la persona que se alce o realice acciones violentas que tengan por objeto el desconocimiento de la Constitución de la República o el derrocamiento del gobierno legítimamente constituido, sin que ello afecte al legítimo derecho a la resistencia, será sancionado con una pena de cinco a siete años, pero, si se levanta en armas, impida las reuniones de la Asamblea Nacional o la disuelva, promueva, ayude o sostenga cualquier movimiento armado para alterar la paz del Estado, la pena será de siete a diez años de cárcel.
Sin duda alguna que los hechos violentos ocurridos en días anteriores tenían por objeto desestabilizar el régimen, pese a encontrarnos en un estado de excepción; pues tomarse el edificio e instalaciones de la Asamblea Nacional, destruir documentación de la Contraloría que contienen la materialidad de muchas infracciones y su responsabilidad que apuntaban a varios ex funcionarios públicos y hasta actuales, nos dicen de la peligrosidad de sus autores, sumado con la destrucción patrimonial de bienes del Estado y de particulares que suman varios millones de dólares, cuyos indicios fueron recogidos por la Policía que siempre estuvo acompañado de muchos fiscales, las cosas se tornan sumamente difíciles para quienes participaron de una u otra manera en la rebelión que afectó a la estructura constitucional del Estado. No se puede confundir rebelión, vandalismo, tentativa de asesinato a un periodista, crimen organizado, asociación ilícita, destrucción de bienes y documentos públicos que contienen responsabilidades civiles, penales y administrativas y una serie de infracciones, con el derecho a la resistencia que necesariamente tiene que ser pacífica. Aquella resistencia solo fue un pretexto con fines desestabilizadores contra un régimen constituido que fue más allá de una simple protesta, que puso en riesgo la integridad personal y la vida mismo de los particulares. Tal como están los hechos y circunstancias que motivaron esta revuelta nacional, se avizoran sentencias condenatorias para muchos participantes de la rebelión.
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El concepto más simple nos dice que rebelión es el levantamiento contra una autoridad o un gobierno con el fin de derrocarlo y sustituirlo por otro. Nuestro COIP más técnico y específico nos dice que la persona que se alce o realice acciones violentas que tengan por objeto el desconocimiento de la Constitución de la República o el derrocamiento del gobierno legítimamente constituido, sin que ello afecte al legítimo derecho a la resistencia, será sancionado con una pena de cinco a siete años, pero, si se levanta en armas, impida las reuniones de la Asamblea Nacional o la disuelva, promueva, ayude o sostenga cualquier movimiento armado para alterar la paz del Estado, la pena será de siete a diez años de cárcel.
Sin duda alguna que los hechos violentos ocurridos en días anteriores tenían por objeto desestabilizar el régimen, pese a encontrarnos en un estado de excepción; pues tomarse el edificio e instalaciones de la Asamblea Nacional, destruir documentación de la Contraloría que contienen la materialidad de muchas infracciones y su responsabilidad que apuntaban a varios ex funcionarios públicos y hasta actuales, nos dicen de la peligrosidad de sus autores, sumado con la destrucción patrimonial de bienes del Estado y de particulares que suman varios millones de dólares, cuyos indicios fueron recogidos por la Policía que siempre estuvo acompañado de muchos fiscales, las cosas se tornan sumamente difíciles para quienes participaron de una u otra manera en la rebelión que afectó a la estructura constitucional del Estado. No se puede confundir rebelión, vandalismo, tentativa de asesinato a un periodista, crimen organizado, asociación ilícita, destrucción de bienes y documentos públicos que contienen responsabilidades civiles, penales y administrativas y una serie de infracciones, con el derecho a la resistencia que necesariamente tiene que ser pacífica. Aquella resistencia solo fue un pretexto con fines desestabilizadores contra un régimen constituido que fue más allá de una simple protesta, que puso en riesgo la integridad personal y la vida mismo de los particulares. Tal como están los hechos y circunstancias que motivaron esta revuelta nacional, se avizoran sentencias condenatorias para muchos participantes de la rebelión.
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El concepto más simple nos dice que rebelión es el levantamiento contra una autoridad o un gobierno con el fin de derrocarlo y sustituirlo por otro. Nuestro COIP más técnico y específico nos dice que la persona que se alce o realice acciones violentas que tengan por objeto el desconocimiento de la Constitución de la República o el derrocamiento del gobierno legítimamente constituido, sin que ello afecte al legítimo derecho a la resistencia, será sancionado con una pena de cinco a siete años, pero, si se levanta en armas, impida las reuniones de la Asamblea Nacional o la disuelva, promueva, ayude o sostenga cualquier movimiento armado para alterar la paz del Estado, la pena será de siete a diez años de cárcel.
Sin duda alguna que los hechos violentos ocurridos en días anteriores tenían por objeto desestabilizar el régimen, pese a encontrarnos en un estado de excepción; pues tomarse el edificio e instalaciones de la Asamblea Nacional, destruir documentación de la Contraloría que contienen la materialidad de muchas infracciones y su responsabilidad que apuntaban a varios ex funcionarios públicos y hasta actuales, nos dicen de la peligrosidad de sus autores, sumado con la destrucción patrimonial de bienes del Estado y de particulares que suman varios millones de dólares, cuyos indicios fueron recogidos por la Policía que siempre estuvo acompañado de muchos fiscales, las cosas se tornan sumamente difíciles para quienes participaron de una u otra manera en la rebelión que afectó a la estructura constitucional del Estado. No se puede confundir rebelión, vandalismo, tentativa de asesinato a un periodista, crimen organizado, asociación ilícita, destrucción de bienes y documentos públicos que contienen responsabilidades civiles, penales y administrativas y una serie de infracciones, con el derecho a la resistencia que necesariamente tiene que ser pacífica. Aquella resistencia solo fue un pretexto con fines desestabilizadores contra un régimen constituido que fue más allá de una simple protesta, que puso en riesgo la integridad personal y la vida mismo de los particulares. Tal como están los hechos y circunstancias que motivaron esta revuelta nacional, se avizoran sentencias condenatorias para muchos participantes de la rebelión.