Hasta el 31 de diciembre del 2019, los objetivos de un sistema alimentario radicaban en disminuir el impacto provocado por el rápido crecimiento demográfico, la urbanización y los cambios en los hábitos de consumo; incluso se hablaba de proporcionar alimentos nutritivos y ayudar a ofrecer mejores oportunidades de subsistencia de forma medioambientalmente sostenible.
Para diciembre del 2019, según el INEC, el índice de pobreza en el país era 38%. En el Plan Nacional de Desarrollo (PND), se fijó como meta reducir la tasa de pobreza multidimensional de 35% a 27,4% hasta 2021. Desde el 1 de enero del 2020 hasta hoy, el hambre y el confinamiento causaron cambios sustanciales en la manera de visualizar los sistemas de alimentación. Prueba de ello, es por ejemplo que el país vuelve a la práctica del trueque para evitar la etapa intermedia entre el productor y el consumidor.
Esta actividad se enmarca en el concepto de proveer alimentos a la población más vulnerable, la misma que no tiene recursos económicos y necesita ya sea de un bono o de una canasta básica para poder subsistir. El aumento de la pobreza y desempleo supone que un mayor número de personas no podrá pagar la etapa intermedia entre el agricultor y el vendedor, definiéndose la misma como el proceso de trasporte, cadena de frio, y demás actividades.
El gobierno y los sectores de producción están en la obligación de redefinir el sistema de gestión de alimentos, apuntando a una disminución de precios en el producto final en base a un mejor proceso logístico y de tratamiento de los insumos.
La reducción en el precio de los alimentos se debe fijar según los nuevos costes de producción, considerando un mayor requerimiento de desinfectantes pero, a la vez, basado en una realidad en la que la liquidez es la principal desventaja.