AUTORA: Rebeca Díaz
Para el Gobierno las estadísticas de empleo bruto presentan un panorama de recuperación económica, pero el análisis de las cifras muestra un incremento acelerado de la informalidad; el INEC, publica cifras que muestran el incremento del subempleo en relación al año anterior; lo preocupante es que solo el 21,7% de estos subempleados trabajan en el sector formal, mientras el mayor porcentaje corresponde a la informalidad. Según, la Corporación de Estudios para el Desarrollo (Cordes) el subempleo y la informalidad han crecido considerablemente como consecuencia de las malas condiciones del mercado laboral; y, apenas 38 de cada 100 ecuatorianos trabaja en condiciones adecuadas.
El Gobierno en el marco de los acuerdos con los sectores productivos, anuncia cambios en la política laboral para incentivar el empleo; la creación de nuevos empleos en sectores productivos del área del turismo y hotelería, agricultura y pesca. Resalta que esas condiciones laborales flexibles no serían aplicables y no se podrían cambiar a esta modalidad los contratos de empleados antiguos.
La intención de creación de nuevas plazas de trabajo bajo modalidades de flexibilidad laboral deben ser estudiadas, para evitar que degeneren en explotación laboral y debe haber aplicación de tablas salariales; también, es necesario establecer mecanismos de control, para verificar la condiciones de los subempleados. También, de quienes tienen un “empleo adecuado” donde laboran horas extra sin pago, permanecen en espacios físicos inadecuados, no acceden a capacitación, sufren discriminación laboral y paga diferente por igual tarea.
En el subempleo, se deprecian el trabajador y sus condiciones laborales, por ello, son necesarios mecanismos de control para hacer seguimiento de numerosos casos de trabajadores autónomos como fontaneros, pintores, carpinteros, trabajadores de la construcción, artesanos, etc. que generan ingresos considerables y acostumbran a subcontratar a terceros que desconocen la tarea, pero aceptan cualquier pago para sobrevivir.
Las políticas laborales podrían incentivar la contratación de grupos de atención prioritaria, mediante la integración de mecanismos de acción positiva, incentivos tributarios y campañas que motiven el compromiso social en el tema de contratación de personas de capacidades diferenciadas, jóvenes, mujeres embarazadas y personas mayores de cuarenta años. La revisión de normativas y su cumplimiento puede tener una repercusión positiva en la productividad y la recuperación de la economía nacional.