AUTOR Ángel Polibio Chaves
Según el concepto liberal, el mercado es el supremo regulador no solo de la economía sino en general de la organización social; de ahí que los más radicales, bajo la idea del “dejar hacer, dejar pasar”, consideran que la propia comunidad cuenta con mecanismos propios de regulación que permitirían mantener un cierto equilibrio social; no obstante, la realidad en aquellos espacios en los que se ha pretendido la vigencia de estos postulados, ha derivado en la acumulación de riqueza en muy pocas manos y la existencia de amplios sectores poblacionales en situaciones de pobreza; por ello, para establecer los equilibrios necesarios frente a la idea liberal, resulta absolutamente indispensable la acción moderadora del Estado.
Uno de los aspectos de la propuesta económica del actual Gobierno expuesta hace pocos días, apunta a la reducción del tamaño del Estado. Sin embargo, estimamos que tal propuesta tiene una orientación simplemente fiscal; es decir se pretende reducir el número de ministerios y de servidores públicos y algunos programas de gobierno, solamente para reducir el monto del denominado “gasto corriente”; mas, si se pretendiera atacar el problema de fondo, lo que se debe tratar es de definir adecuadamente el papel del Estado en el funcionamiento de la sociedad, lo que tiene que ver con una modificación sustancial de la vigente concepción de Estado como entidad de CONTROL, para lo que se creó una estructura pública asfixiante, con la consigna de controlarlo todo, en la que cada servidor público defiende su metro cuadrado de poder
Si realmente quisiéramos reducir el “gasto corriente” y sobre todo establecer un equilibrio adecuado en la organización social y conferir a la iniciativa privada el papel de motor del desarrollo, es imperativo cambiar el papel de los servidores públicos transformándolos en promotores y facilitadores, en lugar de controladores.