Después de permanecer 24 días en prisión por el presunto delito de homicidio culposo, la mañana de ayer Galo Rodríguez, juez de Garantías Penales de Tungurahua, dictaminó la revocatoria de prisión preventiva que se emitió en contra de la partera Soraya B., de 35 años.
Esto debido a que la defensa técnica de la acusada solicitó que se haga una revisión y sustitución de las medidas cautelares aplicadas en este caso, pues aseguró la comparecencia de su defendida cuando la justicia así lo amerite. La audiencia se dio la mañana de ayer en la Unidad Penal a las 11:00.
Antecedentes
La ciudadana fue aprehendida la mañana del lunes 27 de agosto debido a que el bebé del parto que asistió, nació muerto. La implicada fue contactada por parte de la mujer gestante a través de redes sociales, ya que deseaba alumbrar a su primer hijo de manera ancestral.
La partera llegó desde Quito, ciudad donde reside, hasta El Recreo en Ambato y tras los rituales realizados el alumbramiento habría empezado a complicarse, por lo que el esposo de la mujer pidió que se detenga y que se la traslade hasta el Hospital Regional, sin embargo, la partera habría indicado que tenía una hora más para que expulse al bebé.
A las 05:00 finalmente el niño salió del vientre de la madre, pero al examinarlo no presentaba ningún movimiento y pese a que intentaron reanimarlo, esto fue imposible, ya que estaba muerto. Agentes de la Dirección de Muertes Violentas de la Policía llegaron al punto y procedieron con la aprehensión, y levantamiento del bebé para llevarlo al Centro Forense.
Audiencia
La abogada de la procesada inició su exposición presentando documentos debidamente notariados en los que se avalaba que Soraya como miembro activo de la comunidad indígena Quitu Cara, de Pichincha y que estaba reconocida como partera ancestral.
Además, manifestó que la implicada era la encargada de la producción y distribución de plantas medicinales y precursora de los conocimiento ancestrales de su pueblo, a esto se sumó que era la responsable del cuidado de sus padres de la tercera edad, entre otros arraigos.
La abogada apeló a que a su defendida se le puede aplicar otras medidas cautelares, como la presentación periódica por el presunto delito por el que se la procesa o la colocación del grillete electrónico, ya que la pena a la que podría enfrentarse no supera los cinco años de prisión.
La fiscal, Susana Llumiquinga, en su intervención dijo no aponerse al pedido, mientras que la Defensora Pública, que defiende a la parte afectada, indicó que en este caso no amerita que se la deje en libertad, pero que al no haber oposición por parte de Fiscalía, acepta el fallo que el Juez adopte.
En la parte final el Juez decidió aceptar el pedido de la defensa de la partera y dispuso que la procesada sea puesta en libertad, pero bajo la prohibición de salir del país y que se presente cada lunes en la Unidad Penal de Ambato, mientras dure el proceso,. (MR)
EL DATO
El homicidio culposo tiene una pena privativa de libertad de tres a cinco años de acuerdo a lo dispuesto por el COIP.